Posada Carriles y el show de la impunidad
POR JEAN-GUY ALLARD Tomado de Granma
Tan comprometida era la determinación de la administración Bush de otorgar impunidad al terrorista Luis Posada Carriles, que el interrogatorio del delincuente realizado por la funcionaria de inmigración Susana Bolaños, y luego usado como fundamento de su juicio, ni siquiera tenía como objetivo procesarlo.
Así lo revela la solicitud presentada formalmente ante la Corte de Apelación de la Nueva Orleans por la fiscalía "antiterrorista" del Departamento de Justicia norteamericana.
Para prepararse, en función de lo que consideraba entonces una simple entrevista migratoria, la especialista Susana Bolaños necesitó, sin embargo, "cinco o seis meses" durante los cuales se documentó con artículos de la prensa, conversó con abogados y nunca pidió acceso alguno a los archivos criminales del terrorista más peligroso del continente.
Los detalles de esta entrevista migratoria groseramente chapuceada aparecen en la solicitud presentada formalmente, en los últimos días, ante la Corte de Apelación de la Nueva Orleans, en contra del fallo de la jueza Kathleen Cardone, de El Paso, Texas, que liberó a Luis Posada Carriles, el 5 de junio último.
Sin embargo, Susana Bolaños es un oficial de los Servicios federales de inmigración y aduanas, emplantillada nada menos que en el cuartel general del organismo en Washington.
Fue designada a finales del 2005, ocho meses después del arresto de Posada, para realizar este interrogatorio por ser especialista asignada a casos donde se sospecha un fraude o una amenaza a la seguridad nacional.
Ante la jueza Cardone, Bolaños admitió con candor que su entrevista se realizó esencialmente para valorar si Posada era admisible a la naturalización y NO en vista a su inculpación ante un tribunal. Sin embargo, el conjunto de la prueba de los fiscales federales descansó en su trabajo.
Antes del interrogatorio, en alguna oportunidad no precisada, Bolaños se entrevistó con los fiscales Jo Ellen Ardinger y Nick Perry del Departamento de la Seguridad de la Patria, y con los letrados de la Oficina de los Litigios Migratorios del Departamento de Justicia y, "otro abogado criminalista" del mismo departamento cuyos nombres ni se recuerda.
Precisa que ninguno de estos expertos "le pidió hacer alguna pregunta particular o enseñar al defendido algún documento". Bolaños afirmó ante la corte de El Paso que preparó sola las preguntas , aunque tenía que realizar el interrogatorio con Ardinger y Perry.
El 22 de marzo del 2006, una carta del Departamento de Seguridad dirigida al terrorista lo describe como un "peligro a la comunidad" y a la "seguridad nacional de Estados Unidos" por su historia criminal.
La entrevista de Bolaños con Posada, tuvo lugar los días 25 y 26 de abril del 2006, aparentemente sin tener en consideración estas valoraciones.
De todas formas, Posada había sido arrestado el 15 de mayo del 2005 y Bush y la CIA se habían ganado un año de demoras en prórrogas, en el curso de un guión caótico donde aparecen numerosas improvisaciones.
UN CHORRO DE MENTIRAS
Durante el interrogatorio con Bolaños, Posada mintió groseramente al afirmar que había ingresado al país por la frontera con México a través de la ciudad de Brownsville, Texas, con la ayuda de un coyote, y afirmó falsamente que nunca pasó por Cancún o Isla Mujeres, a pesar de los testimonios.
Una fracción microscópica de este chorro de mentiras es más que suficiente para expulsar a patadas, diariamente, a cientos de inmigrantes ilegales de México o de Centroamérica.
En otro giro del plan, ante los reclamos de extradición de Venezuela, un Gran jurado de instrucción, convocado en mayo del 2007 en Texas determinó que Posada debía ser inculpado con siete acusaciones criminales ante los tribunales.
El documento de apelación precisa que Posada, en el curso del controvertido interrogatorio, contestó en inglés a varias preguntas. De manera evidente, el terrorista utilizó el intérprete, cuya falta de experiencia profesional podía perfectamente valorar, cuando le convenía, al formular respuestas equívocas.
En El Paso, la magistrada, complaciendo a los abogados mafiosos, liberó alegremente al "héroe" de la mafia miamense bajo los aplausos de sus cómplices, muchos de ellos con trayectoria terrorista, que llenaban la sala de audiencia.
El Fiscal tejano Michael Mullaney y los fiscales federales John F. De Pue, John W. Van Lonkhuyzen y Paul Ahern, de la sección antiterrorista del Departamento de Justicia, son los autores de esa solicitud dilatoria presentada ante la Corte de Apelación de Nueva Orleans.
Son parte de la arquitectura de este laberinto judicial, todo un montaje para no declarar terrorista a Posada Carriles, y garantizarle la impunidad a despecho de todos sus crímenes, al tiempo que le brindan la oportunidad de seguir urdiendo conspiraciones terroristas desde su nuevo escondite de Miami, donde cuenta con una red mafiosa de asesinos y de proveedores de fondos
POR JEAN-GUY ALLARD Tomado de Granma
Tan comprometida era la determinación de la administración Bush de otorgar impunidad al terrorista Luis Posada Carriles, que el interrogatorio del delincuente realizado por la funcionaria de inmigración Susana Bolaños, y luego usado como fundamento de su juicio, ni siquiera tenía como objetivo procesarlo.
Así lo revela la solicitud presentada formalmente ante la Corte de Apelación de la Nueva Orleans por la fiscalía "antiterrorista" del Departamento de Justicia norteamericana.
Para prepararse, en función de lo que consideraba entonces una simple entrevista migratoria, la especialista Susana Bolaños necesitó, sin embargo, "cinco o seis meses" durante los cuales se documentó con artículos de la prensa, conversó con abogados y nunca pidió acceso alguno a los archivos criminales del terrorista más peligroso del continente.
Los detalles de esta entrevista migratoria groseramente chapuceada aparecen en la solicitud presentada formalmente, en los últimos días, ante la Corte de Apelación de la Nueva Orleans, en contra del fallo de la jueza Kathleen Cardone, de El Paso, Texas, que liberó a Luis Posada Carriles, el 5 de junio último.
Sin embargo, Susana Bolaños es un oficial de los Servicios federales de inmigración y aduanas, emplantillada nada menos que en el cuartel general del organismo en Washington.
Fue designada a finales del 2005, ocho meses después del arresto de Posada, para realizar este interrogatorio por ser especialista asignada a casos donde se sospecha un fraude o una amenaza a la seguridad nacional.
Ante la jueza Cardone, Bolaños admitió con candor que su entrevista se realizó esencialmente para valorar si Posada era admisible a la naturalización y NO en vista a su inculpación ante un tribunal. Sin embargo, el conjunto de la prueba de los fiscales federales descansó en su trabajo.
Antes del interrogatorio, en alguna oportunidad no precisada, Bolaños se entrevistó con los fiscales Jo Ellen Ardinger y Nick Perry del Departamento de la Seguridad de la Patria, y con los letrados de la Oficina de los Litigios Migratorios del Departamento de Justicia y, "otro abogado criminalista" del mismo departamento cuyos nombres ni se recuerda.
Precisa que ninguno de estos expertos "le pidió hacer alguna pregunta particular o enseñar al defendido algún documento". Bolaños afirmó ante la corte de El Paso que preparó sola las preguntas , aunque tenía que realizar el interrogatorio con Ardinger y Perry.
El 22 de marzo del 2006, una carta del Departamento de Seguridad dirigida al terrorista lo describe como un "peligro a la comunidad" y a la "seguridad nacional de Estados Unidos" por su historia criminal.
La entrevista de Bolaños con Posada, tuvo lugar los días 25 y 26 de abril del 2006, aparentemente sin tener en consideración estas valoraciones.
De todas formas, Posada había sido arrestado el 15 de mayo del 2005 y Bush y la CIA se habían ganado un año de demoras en prórrogas, en el curso de un guión caótico donde aparecen numerosas improvisaciones.
UN CHORRO DE MENTIRAS
Durante el interrogatorio con Bolaños, Posada mintió groseramente al afirmar que había ingresado al país por la frontera con México a través de la ciudad de Brownsville, Texas, con la ayuda de un coyote, y afirmó falsamente que nunca pasó por Cancún o Isla Mujeres, a pesar de los testimonios.
Una fracción microscópica de este chorro de mentiras es más que suficiente para expulsar a patadas, diariamente, a cientos de inmigrantes ilegales de México o de Centroamérica.
En otro giro del plan, ante los reclamos de extradición de Venezuela, un Gran jurado de instrucción, convocado en mayo del 2007 en Texas determinó que Posada debía ser inculpado con siete acusaciones criminales ante los tribunales.
El documento de apelación precisa que Posada, en el curso del controvertido interrogatorio, contestó en inglés a varias preguntas. De manera evidente, el terrorista utilizó el intérprete, cuya falta de experiencia profesional podía perfectamente valorar, cuando le convenía, al formular respuestas equívocas.
En El Paso, la magistrada, complaciendo a los abogados mafiosos, liberó alegremente al "héroe" de la mafia miamense bajo los aplausos de sus cómplices, muchos de ellos con trayectoria terrorista, que llenaban la sala de audiencia.
El Fiscal tejano Michael Mullaney y los fiscales federales John F. De Pue, John W. Van Lonkhuyzen y Paul Ahern, de la sección antiterrorista del Departamento de Justicia, son los autores de esa solicitud dilatoria presentada ante la Corte de Apelación de Nueva Orleans.
Son parte de la arquitectura de este laberinto judicial, todo un montaje para no declarar terrorista a Posada Carriles, y garantizarle la impunidad a despecho de todos sus crímenes, al tiempo que le brindan la oportunidad de seguir urdiendo conspiraciones terroristas desde su nuevo escondite de Miami, donde cuenta con una red mafiosa de asesinos y de proveedores de fondos
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